Principales hitos y enfoques que han marcado el desarrollo de las TIC para el desarrollo en LAC

Resulta conveniente darle una mirada al pasado con el propósito de proyectar el futuro. De acuerdo con datos ofrecidos por Richard Heeks en uno de sus trabajos sobre TIC y desarrollo, en 1998 menos de uno de cada 100 habitantes estaba conectado a internet y 2 de cada 100 habitantes era suscriptor de telefonía móvil en los países en desarrollo, incluyendo los países de América Latina y el Caribe. Datos recientes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones indican que actualmente, 31 de cada 100 habitantes de países en desarrollo están conectados a internet y que la tasa actual de penetración de telefonía celular en dichos países alcanza el 128%. Cabe preguntarse, ¿cómo se ha expresado y cuáles han sido las características del salto de lo que teníamos a finales de los 90 a la situación que tenemos ahora en la región. ¿Se ha traducido la explosión de la adopción de telefonía celular y el crecimiento de los usuarios de internet en avances significativos para la consecución de objetivos de desarrollo en América Latina? ¿Las barreras para el desarrollo se han debilitado o desaparecido en la región a propósito del acceso y uso creciente de las TIC?

Es indiscutible que el avance en el acceso y uso de las TIC, particularmente el internet, ha impactado y transformado las dimensiones de la vida económica, social, cultural y política de los países de la región y es evidente que la agenda de TIC para el desarrollo se ha complejizado y se ha tornado más diversa en el último decenio. Adicionalmente, hay una serie de temas que emergen constantemente y que se vuelven relevantes para la agenda regional de TIC para el desarrollo para los próximos diez años.

Resulta conveniente revisar algunos de los hitos más importantes que han marcado la evolución de la agenda y de las políticas de TIC para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

Las primeras iniciativas de conexión a internet con propósitos de desarrollo surgieron a inicios de los 80, como parte de esfuerzos de grupos progresistas, incluyendo académicos y universidades, por ampliar las posibilidades de comunicación y acción de la sociedad civil en la región. Si bien en esa época existían ya casos de uso comercial y público del internet, son esas iniciativas las que dan cuenta de los orígenes del uso de redes de computadoras para el cambio social y el desarrollo, a través del empoderamiento de las redes y grupos de sociedad civil a través del uso de las TIC.

No se trata de un hecho menor. No es casual que, en medio de un mundo militarizado, hayan sido grupos comprometidos por la paz, los derechos humanos y el medio ambiente, quienes promovieron avances para conectar mediante comunicaciones electrónicas a movimientos sociales, académicos, grupos de activistas y organizaciones de sociedad civil. La forma en la que la sociedad civil y la academia empezó a conectarse con las 'nuevas' tecnologías en la región sentó, como un imperativo, la necesidad de ponerlas en función de objetivos de desarrollo.

El período de 1995 a 1996 marca el inicio de la oferta de internet y telefonía móvil a gran escala en la región. Con ello, se inauguró la necesidad de que los Estados respondan, con medidas de política pública, a la expansión del acceso y uso de las TIC, en la perspectiva de insertarse en la sociedad de la información y dar respuestas efectivas a la brecha digital.

Sin embargo, es solo en julio de 2000 cuando los gobiernos de la región, convocados por la CEPAL y el Gobierno de Brasil, aprobaron la Declaración de Florianópolis que tenía como propósito orientar el uso de las TIC para el desarrollo. No es aventurado plantear que, del lado gubernamental, esa declaración marcó el comienzo de un proceso a nivel de los países de la región de formulación de estrategias y políticas orientadas a capitalizar el potencial de las TIC para el crecimiento económico y el desarrollo social. La declaración recogía “la aspiración compartida de los países de América Latina y el Caribe de llegar al año 2005 integrados como miembros plenos de la sociedad de la información con eficiencia, equidad, sostenibilidad, en el marco de la economía global basada en el conocimiento”.

La CEPAL indica que “como parte del proceso internacional de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que se realizó en dos etapas (Ginebra en 2003 y Túnez en 2005), las autoridades de los países de América Latina y el Caribe intensificaron sus esfuerzos para crear una perspectiva regional sobre el desarrollo de sociedades de la información. En diversas reuniones celebradas entre 2001 y 2003 por la red regional del Grupo de Tareas sobre las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) de las Naciones Unidas, se destacó la importancia de la colaboración entre las partes interesadas para hacer frente a este desafío. Asimismo, en la Agenda de Conectividad para las Américas y en el Plan de Acción de Quito de 2002 se insistió en la necesidad de formular programas de acción y estrategias nacionales realistas”.

Dicho compromiso y diálogo político de los gobiernos se tradujo, en mayor medida, en la Declaración de Bávaro (2003), que establece los principios fundamentales para la construcción de las sociedades de la información y el conocimiento en la región y que dio pie, en 2005, a la formulación del Plan de Acción de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe, eLAC. El primer plan de acción para la región propuso metas concretas para 2007, a partir del compromiso de los países de adoptar un conjunto de políticas públicas a niveles nacionales y medidas coordinadas en la región encaminadas a acelerar y fortalecer la construcción de las sociedades de la información. En ese sentido, el eLAC apuntó a ofrecer orientación estratégica y principios rectores para el desarrollo de políticas públicas de TIC en la región en áreas como el acceso y la inclusión digital, la creación de capacidades y conocimientos, la transparencia y la eficiencia pública, los instrumentos para fortalecer la coordinación de las políticas de desarrollo digital, y las acciones que fortalezcan un entorno habilitador para el desarrollo digital.

Diversos actores de sociedad civil de LAC se vincularon de manera bastante activa y sustantiva a la CMSI en la perspectiva de contribuir a forjar un entendimiento sobre los impactos sociales, culturales, económicos y políticos del uso de las TIC, particularmente del internet, y aportar con enfoques y soluciones para el desarrollo de sociedades de la información democráticas, inclusivas y equitativas. Los actores de sociedad civil de la región contribuyeron a colocar sobre la mesa de discusión cuestiones relativas al derecho a la comunicación (retomando y resignificando los debates y propuestas del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación), a la convergencia de las industrias de la información y la comunicación, a las profundización de las brechas estructurales incluyendo la brecha digital, a la gobernanza de internet y a los marcos regulatorios y políticos. Su visión y propuestas están recogidas en la declaración de sociedad civil “Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas”. Esa vinculación se hizo extensiva al proceso regional eLAC. La sociedad civil fue instrumental para asegurar la participación de actores no gubernamentales (incluyendo el sector privado y la comunidad técnica) en el mecanismo de coordinación del eLAC. Actualmente, la sociedad civil, la comunidad técnica y el sector privado tiene roles formales de observadores en el eLAC.

Diez años después de la CMSI, cabe preguntarse si la región ha progresado en la cristalización de principios planteados y la implementación de los acuerdos adoptados para el desarrollo de las sociedades de la información y el conocimiento.

Una revisión crítica que está haciendo APC de los cambios que se han producido desde la adopción de la declaración de principios y el plan de acción de la CMSI en el 2003, sugiere que globalmente la erradicación de la pobreza, por ejemplo, no es una de las prioridades más altas en las discusiones y agendas políticas relacionadas con las sociedades de la información y el conocimiento y que las Metas de Desarrollo del Milenio han jugado un rol insignificante en los procesos de toma de decisión y configuración de políticas de TIC en las esferas nacionales. La evidencia obtenida a partir de dicha revisón indica que tanto la declaración de principios de la CMSI como la declaración de la sociedad civil sobre la CMSI han tenido muy poco impacto en el desarrollo de las agendas y políticas de TIC para el desarrollo. La interrogante sobre los efectos de la relación TIC y desarrollo, por tanto, sigue vigente en nuestra región.

Por otro lado, conviene indicar que la CMSI fue un punto de quiebre en la región en términos del avance de la agenda política regional de TIC, particularmente de internet. “Antes de la CMSI, no se hablaba de gobernanza de internet”, indica Carlos Afonso, del Instituto NUPEF y miembro del Comité Gestor de Interet de Brasil. Él enfatiza que la sociedad civil y la academia de la región jugaron un rol importante para la adopción de un concepto más abarcativo e integral de la gobernanza de internet y para la creación del Foro de Gobernanza de Internet (FGI). Ello es importante debido a que, por aproximadamente una década, los países de la región estuvieron primordialmente enfocados en definir medidas y políticas que permitan, por un lado, fortalecer su propio sector de TIC y, por otro lado, avanzar en la consecución de objetivos de desarrollo mediante la aplicación directa de TIC en áreas prioritarias. La evolución, el desarrollo, la gobernanza y el futuro del internet no hacían parte sustancial de la agenda regional. En los últimos cinco años, la región ha madurado significativamente en la estructuración de la reflexión, el análisis y la práctica en materia de gobernanza de internet, así como en el nivel de participación en foros y espacios globales de política pública de internet.

Breve reflexión sobre las lecciones aprendidas, perspectivas, tendencias y desafíos sobre los temas del evento Desarrollo Abierto

A inicios del 2000 los países latinoamericanos y caribeños comenzaron a definir e implementar agendas y estrategias para el desarrollo de la sociedad de la información y se enfrentaron al dilema de privilegiar el desarrollo de su propio sector de TIC (con base en la producción de bienes y servicios de TIC), o de acelerar la apropiación y aplicación de las TIC en áreas específicas de desarrollo, como salud, educación, sector productivo, agricultura, entre otras, en el entendido de que el acceso y uso de las TIC tiene potencial para aportar al desarrollo humano y social, al crecimiento económico y a los procesos culturales y políticos.

Si bien a niveles conceptuales no está del todo resuelto el dilema de la conveniencia de privilegiar uno u otro enfoque (desarrollo de las TIC o desarrollo con las TIC), en la práctica, los énfasis y matices han sido distintos en cada país. Varios han optado por combinar los dos enfoques en el entendido de que el acceso, uso y apropiación de las TIC se da en el marco estructural de las sociedades latinoamericanas y responde a las dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas de las mismas. Del enfoque adoptado se ha desprendido la lógica de formulación de opciones de políticas públicas.

Esas lógicas de decisión en torno a las políticas políticas de TIC tampoco han sido constantes en los países de la región. Han respondido a las visiones e intereses de los decisores de política pública de turno, a la configuración de la correlación de fuerza, a la existencia o no de evidencia sobre el problema público, entre otros factores.

La CEPAL, en varios de sus múltiples estudios sobre el desarrollo de la sociedad de la información en la región, sostiene que el paradigma tecnológico predominante, en general, ha sido exógeno, y que se ha traducido en un desarrollo lento e irregular desde el centro hacia la periferia, extendiendo las brechas estructurales existentes hacia la esfera digital. Hay que reconocer, sin embargo, que varios países como Chile, Argentina, Brasil, entre otros, han desplegado grandes esfuerzos para asumir una actitud proactiva y propositiva en la generación y fortalecimiento de sus propias capacidades institucionales y tecnológicas para aprovechar las TIC con propósitos de desarrollo.

El lo relativo a la gobernanza de internet, se puede señalar que la disputa, el debate político y las acciones se han configurado alrededor de dos líneas de las que se desprenden, con matices y variaciones, una diversidad de tendencias. Por un lado, está la posición que apunta a garantizar el libre flujo de la información y la prevalencia del dominio público en el acceso y desarrollo de internet, a partir de la reafirmación de su carácter público, abierto e igualitario. Por otro, está la posición que se orienta a controlar y limitar el acceso y circulación de la información y a contener el libre desarrollo de internet a partir de la apropiación privada de su infraestructura y del conocimiento que se transmite por ella.

Con relación a la línea progresista, por llamarla de algún modo, la discusión puede ser abordada al menos desde los siguientes enfoques: si el internet es en sí mismo un bien público; si el internet es promotor del bien público, es decir si beneficia de manera directa o indirecta al público en general; o si el internet contribuye a crear bienes públicos (de manera específica, información y conocimiento). Los alcances políticos, económicos, sociales y técnicos de cada interpretación es distinta y no es objetivo de este artículo dar cuenta exhaustiva de ellos.

Dentro de la línea progresista mismo, algunos especialistas argumentan que, a partir de la acepción económica de bien público, el internet no puede ser llamado de ese modo. Sostienen que el acceso y uso de internet no está disponible de manera natural para todos en igualdad de condiciones y que un bien público, para que sea tal, es no rival y no excluyente de manera inherente. En ese sentido, plantean que el acceso y el uso de internet es rival y excluyente. Sin embargo, hay otra tendencia que asume al internet como un bien público, más allá de si se trata de un bien natural o artificial, pues existen otros bienes públicos artificiales. En ese sentido, se plantea que el carácter de bien público del internet debería estar dado mediante la intervención de políticas públicas y la reconfiguración de la gobernanza de internet. El internet ha ido adquiriendo el carácter de disponibilidad de manera progresiva mediante redes inalámbricas y conexión satelital, de modo que, en rigor, podría ser accedido por cualquier persona en cualquier región del planeta. Sin embargo, la forma en que la gobernanza de internet está estructurada, crea barreras artificiales para el acceso y el uso del internet.

Varios actores de la sociedad civil y la academia sostienen que en la base de la estructura y del funcionamiento del internet están acuerdos sociales de colaboracióny que el internet no se desarrolla a partir de una red central sino desde computadores y dispositivos ubicados en la periferia. Es precisamente el principio de extremo a extremo el que permite que la inteligencia de la red y el desarrollo de sus funcionalidades se ubique y despliegue desde sus puntos terminales. Sostienen que la observancia a este principio y al principio de neutralidad de la red es fundamental para que el desarrollo de internet y la gestión de sus recursos se haga de manera descentralizada y colaborativa.

En la línea conservadora, por llamarla también de algún modo, se encuentran los intentos de la apropiación privada de la red abandonando el principio de extremo a extremo y centralizando el control sobre las aplicaciones, servicios y contenidos que se ejecutan, operan y difunden en la red. Esto se traduce en prácticas y medidas adoptadas por gobiernos y otros actores que, en nombre de la seguridad nacional o debido a intereses políticos, comerciales o de otra índole:

  • criminalizan y censuran la expresión y la asociación en línea,
  • bloquean, controlan y manipulan contenidos;
  • retiran contenidos en línea sin un debido proceso
  • interfieren con la privacidad y la protección de datos personales
  • limitan la calidad del acceso a fin de dar preferencia a ciertas aplicaciones y contenidos
  • ejercen presión creciente sobre los intermediarios de internet para controlar el internet;
  • aplican radicalmente la legislación de derecho de autor, entre otras. en nombre de la seguridad nacional o debido a la defensa de intereses políticos, comerciales o de otra índole.

¿Cómo estas distintos enfoques contrapuestos permearán y determinarán el debate y las prácticas sobre la apertura en la región? Conviene plantearse ese interrogante.

A propósito de ello, conviene resaltar algunos rasgos sobre el debate alrededor de la apertura que se ha sostenido en la región, particularmente en el marco de las reuniones regionales de gobernanza de internet. Los actores de la región han planteando que la apertura debe ser abordada de manera separada de otros temas a fin de responder a todas sus dimensiones. Listo brevemente los aspectos que los actores regionales han planteado como parte del tema de apertura:

  • Garantizar el libre flujo de la información y la prevalencia del dominio público en el acceso y desarrollo de internet.
  • Promover la libertad de expresión
  • Asegurar el acceso libre al conocimiento y a la información
  • Estimular el acceso compartido de infraestructura de TIC e incentivar el despliegue de iniciativas de infraestructura comunitaria, generando entornos de mercado y competencia favorables a la innovación y a la coexistencia de distintos modelos de negocio
  • Promover el desarrollo y uso del software libre y abierto e impulsar la cultura de las tecnoloígas libres y abiertas
  • Avanzar en el establecimiento y adopción de estándares abiertos
  • Asegurar la neutralidad de la red

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Acerca del autor: 

Valeria Betancourt

Valeria es la coordinadora del Programa de Políticas de Información para América Latina (CIPP, por sus siglas en inglés), de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y es consultora para el proyecto 25 años de la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe.